Escándalo en el Atlántico Sur: El Gobierno denuncia a Thales, contratista de las FFAA, por vuelos ilegales a Malvinas

El Gobierno Nacional, a través de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), ha presentado una grave denuncia penal contra la multinacional de defensa y ciberseguridad Thales. La acusación, radicada ante el juez federal Sebastián Ramos y delegada en el fiscal Ramiro González, señala la realización de operaciones aéreas no autorizadas entre el territorio continental chileno y las Islas Malvinas, empleando el espacio aéreo argentino de manera irregular.

Las operaciones bajo investigación ocurrieron los días 19 y 24 de septiembre de 2026. Según la presentación, un avión de matrícula británica G-FPLD, propiedad de Thales, trazó la ruta entre Punta Arenas (Chile) y las Islas Malvinas sin tramitar los permisos correspondientes, ignorando advertencias previas de las autoridades aeronáuticas argentinas.

La ANAC ha solicitado el decomiso de la aeronave y la causa contempla presuntas infracciones a la seguridad de las aeronaves (art. 190 del Código Penal) y al cruce clandestino de fronteras (art. 223 del Código Aeronáutico).

El rol técnico de la aeronave y el factor Mount Pleasant

El avión involucrado (G-FPLD) no es una aeronave de transporte convencional. Se trata de una plataforma especializada en inspecciones aéreas, calibración y verificación de equipos de navegación (como radiofaros, aproximación instrumental y radares), una capacidad crítica para la operatividad de bases militares.

Thales UK cuenta con la certificación de la autoridad británica para realizar estas inspecciones. Si bien la filial argentina confirmó la propiedad del avión, se amparó en cláusulas de confidencialidad y evitó detallar el objetivo de la misión.

Este hermetismo cobra relevancia al analizar los antecedentes del Complejo Militar de Mount Pleasant (BFSAI), la principal instalación estratégica del Reino Unido en el Atlántico Sur. El Ministerio de Defensa británico contrata regularmente servicios de calibración de radares en la zona. Además, a principios de septiembre de 2026, Thales UK se adjudicó un contrato por 6,89 millones de libras esterlinas para el mantenimiento de la red de comunicaciones de voz y datos de dicho complejo militar.

Thales: Un proveedor clave con doble presencia

El conflicto adquiere una dimensión altamente sensible debido al profundo arraigo comercial de Thales como proveedor del Estado Argentino. Desde su sede en Buenos Aires, la compañía es un histórico contratista militar.

Entre sus aportes tecnológicos recientes a las Fuerzas Armadas Argentinas se destacan:

• La provisión de radares de vigilancia terrestre y costera para el control fronterizo.

• La instalación del sistema de alerta radar Vigile 200 en aeronaves Learjet 35A de la Fuerza Aérea Argentina, incrementando las capacidades de guerra electrónica e identificación de amenazas.

A nivel civil, la empresa también provee tecnología de seguridad para el RENAPER (pasaportes electrónicos) y la Dirección Nacional de Migraciones. El Gobierno evalúa nuevas sanciones contra la multinacional que podrían poner en jaque estos contratos, dada la incompatibilidad de proveer sistemas de defensa a la Argentina mientras se brindan servicios logísticos o tecnológicos a la ocupación británica en Malvinas.

La sombra de la explotación petrolera

Más allá de los servicios de defensa, la investigación judicial tiene otra hipótesis: la posible vinculación logística de estos vuelos con el proyecto hidrocarburífero Sea Lion. Este emprendimiento, impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, busca extraer crudo en aguas circundantes a las islas, en flagrante violación de la Ley 26.659.

El Ejecutivo ya ha iniciado procedimientos sancionatorios y presiones comerciales que recientemente forzaron a gigantes del sector (como SLB, Halliburton, Baker Hughes y Tenaris) a retirar su apoyo logístico en Malvinas para no perder sus negocios en Vaca Muerta. De comprobarse que el avión de Thales prestó apoyo a estas actividades, la empresa podría enfrentar cargos por delitos aduaneros, lavado de activos y asociación ilícita.